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Nuevo intento en la Asamblea de Madrid de ayudar a los vecinos de las "mil viviendas" de Tres Cantos

Manifestación de los inquilinos de las mil viviendas para jóvenes de Tres Cantos en Madrid, en marzo de 2018

Los cuatro partidos de la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, Cs y Podemos) han presentado una enmienda transaccional a la Proposición no de Ley ya aprobada en otoño con varias medidas que, según la asociación de mil viviendas, "pueden ayudar a los inquilinos a quedarse en las viviendas".

Dicho cambio insta a la Comunidad de Madrid a buscar un precio de venta de las viviendas asequible para los inquilinos, y a mantener el precio de alquiler protegido hasta 2021 para los vecinos que decidan no comprar a finales de año.

La portavoz de la asociación de las "Mil viviendas", Beatriz Gómez, ha señalado que "es justamente lo que llevábamos reclamando durante este tiempo y lo han firmado los cuatro grupos políticos".

Los inquilinos estiman que el propietario de los inmuebles, el fondo de inversión Fidere, pretende vendérselas por "el precio más alto al que le permitiría la ley", y temen que esa cifra quede por encima de sus posibilidades, y tengan que abandonar las casas por no poder acceder a una hipoteca. Para el último trimestre del año, los inquilinos podrán hacer uso de su derecho a comprarlas. El año pasado, los inquilinos pidieron una tasación de las viviendas para poder utilizar como documento base en la negociación con Fidere. Tras la tasación hecha por el ayuntamiento tricantino, que daba unos precios entre 179.000 y 195.000 euros, la asociación pidió otra con resultados muy diferentes en el que se decía que el precio era de 120.000 euros.

Por otro lado, los inquilinos también están luchando por "un alquiler asequible" para aquellos que no puedan comprar la vivienda. Temen que la propuesta de Fidere esté al albur del "mercado inmobiliario", y por lo tanto los alquileres experimenten un alza al que tampoco podrían hacer frente.

La asociación espera que ahora la Dirección General de Vivienda actúe "de buena fe" con las propuestas que se les hace a través de la PNL.
Los inquilinos creen factible que se haga un decreto para hacer cumplir estas sugerencias de la Asamblea de Madrid, puesto que en verano de 2013 la Comunidad de Madrid ya hizo un decreto que reformó el Reglamento de Viviendas con Protección Pública para permitir la venta libre de las VPPAOC –tanto las del IVIMA como las que ya no querían las constructoras– a fondos de inversión.

La transaccional presentada también insta al gobierno de la Comunidad de Madrid a facilitar a los inquilinos de Vivienda con Protección Pública en Arrendamiento con Opción a Compra (VPPAOC) "todo el apoyo" para hacer valer sus derechos frente a sus actuales caseros.  En este sentido, se han pedido técnicos para ver las deficiencias de construcción de las viviendas de cara a reclamar que las solvente Fidere, como gestora de dicha promoción inmobiliaria.

La citada asociación, que ha realizado una campaña para apoyar sus peticiones con la etiqueta #SOSLasMil, dio a conocer la noticia en la multitudinaria asamblea organizada el domingo 8 de abril por la tarde en el Auditorio Municipal, y a la que por primera vez acudió un representante del PP tricantino, el concejal Valentín Panojo. En las anteriores asambleas tricantinas participaron representantes de PSOE, Ganemos y Cs, pero no los populares.

La asociación agradeció que participara el PP y pidió a este partido que "se sume a los vecinos y al resto de partidos para defender los intereses de los inquilinos frente a los de Fidere".

¿Qué dice la enmienda transaccional?

Los tres puntos de la enmienda son los siguientes:

1. A facilitar a los inquilinos de VPPAOC todo el apoyo (político, administrativo y jurídico) para hacer valer sus derechos frente a sus actuales caseros.

2. A hacer cumplir íntegramente las obligaciones legales y materiales que los fondos de inversión adquieren al subrogarse como nuevos caseros en los contratos de alquiler de las VPPAOC que compran; en particular, la obligación de prorrogar los arrendamientos –aunque no se ejerza la opción a compra– mientras dure la calificación de vivienda protegida aún después de su adquisición por un fondo de inversión, tal y como ha dictaminado el Tribunal Supremo.

3. A revisar, en el marco de la reforma del Reglamento de Viviendas con Protección Pública y oídas todas las partes, la normativa que determina el precio para el ejercicio de la opción a compra, con vistas a adecuarla a la realidad social y de mercado actual.

 

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